Comité contra las Desapariciones Forzadas acoge con satisfacción informe de Ecuador

En el documento se destaca que se acoge con satisfacción el informe presentado por el país

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregó, este 17 de marzo, las observaciones finales del informe presentado por Ecuador entre el 8 y 9 de marzo del 2017, en Ginebra.

El Estado visibilizó los casos, ordenó su investigación para impedir la impunidad, y se promulgó la Ley de Reparación de las Víctimas

En el documento se destaca que se acoge con satisfacción el informe presentado por el país y celebra que el Estado ratificara todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la casi totalidad de sus protocolos facultativos, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Además, resaltan las medidas adoptadas para que en la Constitución se reconozca y garantice a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la prohibición de la desaparición forzada que en su artículo 66, numeral 3, literal c señala: “la prohibición de la tortura, la desaparición forzada, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Asimismo, se destaca que en la Constitución en el artículo 80 se precise que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles y ninguno de estos casos será susceptible de amnistía y que el hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.

En cuanto al actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde el 2014 a través de los cuáles se tipifica la desaparición forzada como un delito autónomo (art. 84) que establece su imprescriptibilidad tanto en la acción como en la pena (arts. 16.4 y 75) y que se prohÍbe el indulto o amnistía respecto del delito de desaparición forzada (art. 73), es positivo, señala el documento.

De la responsabilidad que asumió el Estado para judicializar posibles casos de desapariciones forzadas, para lo cual, el Gobierno Nacional dispuso la creación de la Comisión de la Verdad en el año 2007, como mecanismo para esclarecer casos de violación de derechos humanos ocurridos en el país entre los años 1984 y 2008, también es una de las partes que destaca el Comité.

Con la Comisión de la Verdad se desarrollaron las investigaciones, se atendió a víctimas y familiares de posibles actos de vulneración de derechos, los resultados se reflejaron en el Informe de la Comisión, con 118 casos investigados y más de 450 víctimas.

El Estado visibilizó los casos, ordenó su investigación para impedir la impunidad, y se promulgó la Ley de Reparación de las Víctimas para apoyar a las familias en una época dónde se invisibilizaron los derechos.

En lo referente a la capacitación en derechos humanos el Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por el Estado del trabajo que se desarrolla en esta materia con agentes del sistema penitenciario, funcionarios públicos, miembros policiales y militares.

Destaca la capacitación brindada a jueces, fiscales, defensores públicos con un capítulo destinado a temas de desapariciones forzadas.

El Comité alienta al Estado a continuar con las acciones emprendidas con familiares de víctimas de desapariciones. En este sentido desde el 2013 el presidente de la República, Rafael Correa, preside reuniones con familiares de personas desaparecidas. Cada seis meses conoce los avances de las investigaciones.​

 

El dato 

La delegación ecuatoriana de alto nivel, integrada por varias instituciones de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial y por representantes de los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Coordinador de Seguridad; Inclusión Económica y Social (MIES); Salud Pública, Educación; Interior; Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y delegados de la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, defenderá, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el informe país sobre la aplicación de las recomendaciones contempladas en la Convención.